«Se pondrá Ayuntamiento en los pueblos que no lo tengan, y en que convenga le haya, no pudiendo dejar de haberle en los que por sí o con su comarca lleguen a mil almas, y también se les señalará término correspondiente». Así homologa la Constitución de 1812 el estatus jurídico de los municipios. Y en este origen late ya la preocupación por su tamaño. Desde su primer trazado el mapa municipal español ha estado en cuestión. Con más razón el de Castilla y León, donde se extrema el inframunicipalismo. El Decreto Municipal de 1823, que no llegó a aplicarse, establece una primera limitación al mapa municipal, en función del nº de vecinos, fijando el mínimo en los 50 que, con la demografía de la época, suponen en torno a 300 habitantes. El Real Decreto de 1835 y la Ley de Organización y Atribuciones de los Ayuntamientos, de 1845, fijan una referencia de 100 vecinos.
La Ley de Ayuntamientos de 1856, reconoce también el exceso de municipios. El Real Decreto de 21 de octubre de 1866, que reforma la Ley Municipal de 1845, fija el límite demográfico en los 200 vecinos -más de 1.000 habitantes-, con supresión de los menores en dos años, plazo que se deroga por Decreto de 21 de octubre de 1868 en el que se mantiene, sin embargo, el mismo tamaño mínimo para la constitución de uno nuevo. La Ley municipal de 1870 y los Proyectos de Ley Municipal de 1891 y 1902 mantienen la misma referencia de los 2.000 habitantes para la constitución de nuevos municipios. Hay cierta continuidad histórica en la necesidad de corregir el mapa municipal, pero es durante el franquismo cuando se produce la más fuerte supresión de municipios, a partir de la Ley 48/1966, de 23 de junio, que contempla la agrupación de municipios próximos menores de 1.000 habitantes, pasando en España de los 9.257 en 1940 hasta los 8.194 en 1975 y en Castilla y León de 2.808 a 2.366. Constatamos, por tanto, una paradoja histórica: En los momentos de mayor pujanza democrática el valor simbólico de los municipios como referencia de identidad prevalece sobre el discurso de la racionalización administrativa que, curiosamente, acaba imponiéndose por la fuerza.
Los intentos de supresión de municipios solo han prosperado en períodos autoritarios en los que el pulso de la ciudadanía queda sustituido por un aparato de ocupación del territorio, del Estado y de la propia sociedad. En las etapas democráticas, cuando más se cuestiona teóricamente el mapa municipal español, se producen en la práctica el mayor número de segregaciones, por la aceptación de las aspiraciones de reconocimiento institucional de singularidades locales profundamente arraigadas en el vecindario. La propuesta del PP de desnudar desde la Junta a los municipios para forzar su agrupación voluntaria en distritos es heredera de esa tradición, que ahora aprovecha el miedo con que la crisis ha ocupado nuestras cabezas no para suprimir municipios por decreto, sino para forzar su muerte natural aprovechando su insuficiencia financiera. El miedo, de una clase o de otra, es el modo de gobierno de la derecha. Esta propuesta de distritos hoy no es viable. Sin la crisis ni se hubieran atrevido sugerirla. Ningún alcalde va a querer verse limitado a organizar las fiestas del pueblo y recibir las quejas por las decisiones que se toman en otro sitio.
Pero es que tampoco los distritos tienen tamaño para imaginar y crear futuro, la función sustantiva de toda institución política. La Pepa ya recogía entre las competencias municipales «promover la agricultura, la industria y el comercio, según la localidad y circunstancias de los pueblos, y cuando les sea útil y beneficioso». Eso sí que es ordenación del territorio. Francisco Ramos.
22/03/2012
El profesor de Geografía Humana de la Universidad de Valladolid José María Delgado Urrecho advirtió este jueves de que los municipios de menos de un centenar de habitantes de la Comunidad, que se cifran en 549, «tienen un problema real» y están avocados a fusionarse con otros mayores si no quieren desaparecer, como sucedió durante los años 60 y 70, época en la que desapareció en torno a medio millar de municipios. «O se fusionan o habrá que esperar a que se extingan. Es una decisión política que debe impulsar la Administración, pero son hechos ciertos», dijo.
Delgado realizó estas afirmaciones durante la presentación del trabajo sobre 'Población y poblamiento en Castilla y León', de 900 páginas, que ha servido de base para la elaboración de un informe a petición propia del Consejo Económico y Social justo en un momento «oportuno y con el debate a pie de calle», según señaló el presidente del órgano consultivo, José Luis Díez-Hoces, quien recordó que este miércoles se reunió la Mesa de Ordenación del Territorio.
Delgado hizo hincapié en la posibilidad de desaparición de los pequeños municipios si no se unen y si no se realiza una política de infraestructuras para continuar con la prestación de servicios esenciales en estas zonas, si bien negó que este informe dé por hecha una «muerte dulce» de este tipo de pueblos en la Comunidad, sino que advierte de que si no se afronta la situación, podrían vaciarse, «como ocurrió hace 40 y 50 años en España».
Al respecto, valoró la propuesta de la Mesa de Ordenación del Territorio de crear distritos de interés que aglutine a municipios, algo similar a las actuales mancomunidades, que «son un buen modelo, pero con errores». «La pena es que no exista un arquetipo de este tipo de división, dado que el 90 por ciento de los municipios forma parte de alguna mancomunidad, aunque algunos de ellos de una docena, lo cual evidencia fallos», determinó Delgado, coordinador del proyecto.
A su juicio, esta ordenación del territorio, que es «obligado» acometer en la actualidad, debe mirar más allá del modelo provincial, creado en 1933 en base a otros criterios, es decir, crear distritos con criterios económicos similares y de prestación de servicios, aunque no formen parte sus municipios miembros de una misma provincia. También se deben tener en cuenta, dijo, factores históricos del medio rural, los intereses públicos y privados. Por ello, pidió «rapidez» a la hora de elaborar este modelo para intentar cambiar la tendencia demográfica de la Comunidad.
Delgado, quien subrayó que el problema del despoblamiento no es «único» en Castilla y León, consideró que si la adhesión de los municipios a estos distritos de interés se hace de forma voluntaria, el modelo «no funcionará», al igual que «no lo han hecho las mancomunidades que han integrado a pueblos de esta forma». Según sostuvo, la Administración «tiene que exigir qué municipios deben formar parte de cada distrito en base a uno criterios y factores que hay que estudiar». «Está claro que si le preguntan a cada ayuntamiento contestará que no quiere unirse si va a perder su municipio, porque no son tontos, pero si se observa desde un punto de vista más alejado, este mantenimiento de pueblos será muy costoso», manifestó.
Castilla y León.Según el experto José María Delgado Urrecho
_Población y poblamiento en Castilla y León. Informe del CES
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