A pesar de su arquitectura, diseño e importancia industrial, la Junta de Castilla y León inmersa en la documentación del patrimonio industrial no está integrando estos edificios, de momento, en el catalogo industrial de las provincias ya realizadas. Nos referimos a los silos para almacenamiento de cereal construidos entre los años 1940 y 1984 y que aparte de tener una importancia económica capital también supuso un importante episodio arquitectónico. Motivo por el que César Azcarate las denominó “Catedrales Olvidadas”.
Habla de «catedrales», debido a que "las similitudes formales en planta y sección de los silos con la tipología basilical van aún más allá si la carga emotiva del observador es capaz de contemplar con sensibilidad; similares dosis de potencia y belleza en edificios funcionalmente tan dispares.
Los silos de la Red Nacional son las catedrales olvidadas que, construidas bajo un mismo soporte intelectual y técnico por unos pocos ingenieros agrónomos, constituyen, uno de los más importantes episodios de construcción pública en España, y que ha sido olvidado por la historiografía de la arquitectura española del siglo XX".
«Despojar a los pueblos de su memoria, destruye su cultura e historia, la herencia de los vencidos les da otra cultura, escrita por los vencedores les inventa otra historia, así el pueblo comienza a olvidar lentamente lo que es y lo que era».
Nos hallamos ante una comarca eminentemente rural. La mayoría de la sociedad estaba formada por pequeños propietarios y arrendatarios, un campesino empobrecido que a menudo tenía que combinar el trabajo en sus explotaciones, con el de jornalero en épocas de mayor demanda. Atareado en un monocultivo de secano se dispara en una sola dirección, la procura de que el trigo y la cebada rindan lo necesario para una vida sosegada y cerrada a las ambiciones. Los pueblos carecen de pavimentos, de tendidos eléctricos eficaces, de alcantarillados y aguas abundantes, faltaban escuelas primarias o carecían de edificio propio, ni el Estado podía subvencionarlas, ni el municipio pagarlas, ni los hijos de campesinos y jornaleros atenderlas. Los pueblos son duros e ingratos, tristes decrépitos perfectamente inhabitables.
En San Esteban viven algunos cientos de habitantes alrededor de un entorno urbanizado con una iglesia central, mitad fortaleza, mitad monumento, unas calles alargadas que dan la impresión de importancia que nunca tuvo, la falta de pavimentación las hacía polvorientas en verano y embarradas en invierno, carecían de toda iluminación nocturna y en los interiores de aquellas casas apenas llegaba para pagar la luz de bujías de aceite o velas. Míseras casuchas de adobe o tapial en los quicios de unas ventanas con vidrios rotos, resaltando aun más la pobreza. Una planta destinada a vivienda cuya parte superior servía de granero, en el bajo se situaban las cuadras, una tapia rudimentaria rodeaba la casa, encerrando un corral donde se localizan los servicios sanitarios y se alimentan algunas gallinas o el cerdo del año. El deprimente color de las fachadas se alegraba con unos interiores más limpios y claros, austeros y sin adornos, en la pobreza que hace suponer. El menaje viejo y vasijas de barro. Las ropas se guardan en pesados arcones, no se ven adornos ni muebles, algunas imágenes de santos o un brasero constituían el lujo existente. Bajo un clima duro relativamente sano, la sequedad del ambiente y la abundancia de sol frenaba la propagación de infecciones. Sin embargo, no fue siempre una comarca aplastada por la melancolía. Las iglesias que se alzan en los pueblos, los retablos, las tallas y pinturas, las piezas de orfebrería, bordado y pasamanería, testimonios que reflejan un pasado glorioso dignifican a un pueblo minado por el infortunio, antes del brutal saqueo perpetrado en el tesoro artístico debía ser fascinante. Todavía y a pesar de la expoliación de la posguerra y la rapiña, nuestra comarca presenta tal cantidad de obras que nos deja sorprendidos.
Con un sistema de cultivo denominado de «año y vez», alternándose anualmente la siembra y el barbecho, peculiaridad económica que hunde sus raíces en el siglo XVIII cuando, mermaron el cultivo del viñedo en beneficio de otras comarcas ribereñas del Duero. Con la reordenación de los mercados agrarios, en el siglo XIX, Tierra de Campos, se convirtió en uno de los principales puntos productores de trigo en España. Este hecho se acentuó a lo largo de las primeras décadas del siglo XX cuando, la extensión de la plaga filoxérica, redujo la mermada producción vitícola a pequeños majuelos dedicados al autoconsumo familiar.
Además del cultivo del trigo y del viñedo, se dejaban algunas tierras para sembrar cebada, con el objeto de proveerse de pienso para el ganado, y alguna leguminosa, como garbanzos, lentejas o titos, también dedicados al autoconsumo. La vida laboral giraba en torno al ciclo vegetativo del trigo. El año quedaba dividido en cuatro épocas atendiendo a las labores que se ejecutaban en las tierras de «pan llevar». La sementera se realizaba durante el mes de octubre y primera mitad de noviembre, mediante el sistema «a voleo». Tras la siembra se abría un largo período de paro estacional en el que los fríos y heladas del invierno hacían difícil cualquier labor en el campo. En febrero, se realizaba la barbechera, comenzaba la arada, entrada ya la primavera, «a escardar la tierra blanda», se limpiaban los cultivos de malas hierbas, se hacía a mano por cuadrillas, o «aricar», si se utilizaba un arado. También se realizan los cuidados de las viñas, la poda y recogida de sarmientos en manojos. En junio se comenzaba a preparar la recolección, primero las leguminosas, y seguidamente los cereales, la recolección daba comienzo con la contratación de los «agosteros» entre San Juan y San Pedro. Hacer el verano, segar, acarrear, trillar y limpiar o «beldar»; por lo general hasta finales de agosto o mediados de septiembre. Foco de inmigración, esta era la época del año donde hacía falta más jornaleros. Finalizada la recolección y hasta la nueva barbechera vendimian los menguados majuelos que todavía habían quedado.
La vida era miserable y sórdida, más pobre y trabajosa que exigente, durante la sementera y recolección se trabaja duro, en el resto de año la agricultura de secano permitía pocas alternativas. Durante el invierno sobreviven con una dieta «almuerzo, cuando le dan; comida, cebolla y pan; ya a la noche, si no hay olla, vuelta al pan con cebolla», matan la tarde al sol, entre el juego y la taberna. En aquella pobreza se consideran propietarios aunque nada mas tuvieran media mula, gentes sufridas y respetuosas, escépticas, vivían la filosofía del refranero, que llamaban "evangelios pequeños", desconfiaban de una administración que no entendían y que solo reconocían a la hora de cobrarles impuestos. Abandonados, el correo funcionaba mal, la red telegráfica limitada, la carreteras nacionales no estaban bien pavimentadas; las provinciales y comarcales, faltaban o eran intransitables; los caminos vecinales, prácticamente no existían. El medio de comunicación era un servicio de diligencias, que muy pocos se podían permitir.
En ganadería, destacan dos especies, la mular o asnal, y la ovina. El ganado mular, según la capacidad económica de cada familia, se utilizaba como fuerza de tracción para labores agrícolas. La utilización de este tipo de ganado, había desplazado al boyal, debido a la escasez de zonas de pasto lo cual obligaba a utilizar un ganado que se mantenía con poca cantidad de alimento; la cantidad de pequeñas tierras y excesiva parcelación hacía necesario animales de tiro ágiles y rápidos. El ganado ovino, era el ganado en renta absolutamente mayoritario de la comarca, en Tierra de Campos radica la práctica totalidad de la cabaña lanar española. La raza era una mezcla de churra y manchega, con objeto de mejorar la producción de carne. La explotación ovina se basó en un pastoreo de rebaños compuestos de cien a doscientas cabezas, que consumen pastos secos por rastrojeras y paramizales. En inviernos duros, estos rebaños son alimentados en establos. Además de la mula y la oveja, dedicados al autoabastecimiento, el cerdo era parte de la dieta campesina, siempre y cuando la economía familiar pudiera permitirse cebarlo. Junto al cerdo se criaban gallinas y conejos, económicamente más accesibles, alimentados a base de salvados y sobras domésticas. Otra característica terracampina, fue la cría de palomas, en aquellos palomares que circundan nuestros pueblos, aprovechándose tanto la carne de los pichones como la palomina en pequeños huertos. El menguado ganado vacuno se nutre con alfalfa.
Este panorama, un tanto bíblico, es el que se deseaba modificar con las obras del Plan Tierra de Campos. Que nadie espere de la conversión de Tierra de Campos en un emporio de riqueza y esplendor. Planes de Desarrollo que salvo en los viejos y nuevos regadíos, no ofrece perspectivas de bienestar y para incorporar la vida labriega a un mediano nivel hay que empezar del cero absoluto.
El labriego castellano es conservador y tradicionalista. Forjado en la sobriedad teme enfrentarse con situaciones desconocidas y reniega de la aventura. Durante siglos, la política de Tierra de Campos giró en torno al cereal, tratando de conseguir para él el mayor precio posible. El sistema, todavía no caducado, consistió en un pacto subterráneo entre el grande y mediano agricultor, basado en un solapado proteccionismo oficioso, nunca muy holgado y el crédito que ofrecían Bancos y Cajas de diversa condición, mientras se mantenían bajos los jornales. Fue un magnífico triunfo de la burguesía, apoyado en la interpretación caprichosa de las viejas encíclicas. Hubo partidos políticos libérales, los agrarios del parlamento republicano, que peroraban con abundancia de carraspeos, que defendieron con una dialéctica ajada unos principios que no tenían otro objeto que ir tirando. Si las tasas trigueras eran aumentadas en un pequeño porcentaje, los otros productos, sobre todo los manufacturados, escalaban considerables alturas y era preciso comenzar de nuevo una lucha por la subida del precio del trigo que ha sido siempre el caballo de batalla. Por otra parte, los contratos de arrendamiento producían terribles descalabros familiares si las cosechas eran menguadas. La compra masiva de cereal por el Estado, justo premio a una comunidad que defendió con las armas al bando vencedor de la guerra civil, garantizó una pasajera comodidad. La venta segura del trigo a precios remuneradores constituyó un alivio, pero suscitó un clima de conformismo, que resulta el tenaz enemigo de cualquier proyecto que tienda a modificar las arcaicas estructuras agronómicas.
Resulta indiscutible la conveniencia de que un país disponga de una red de almacenamiento para cereales capaz de regular la oferta, estabilizar los precios y asegurar el normal abastecimiento. La necesidad de una red de almacenamiento en los años treinta era una idea socialmente compartida. El descenso de los precios en los momentos de recolección que afectaban fundamentalmente a los pequeños productores los situaba en una situación desesperada por la necesidad de vender para hacer frente a sus deudas y gastos. En los años cincuenta comenzó la construcción de la red ante el aumento de las ventas de la producción de cereales al SNT. En los años sesenta sirvió para sostener los precios y en los setenta, con el inicio de los excedentes, sirvió de apoyo, hasta límites exagerados, a los productores trigueros, perjudicando a los consumidores al tiempo que impidió una adecuada reordenación del cultivo.
La red benefició fundamentalmente a los grandes propietarios y se financió a cuenta de los consumidores, cuando debió hacerlo de los productores. Además se inició su construcción en los años cincuenta, cuando estaba finalizando la etapa aislacionista de la economía española y se firmaba la adhesión al Convenio Internacional del Trigo y el acuerdo con Estados Unidos. La etapa de máxima construcción 1966-1970, coincidía con el incremento de los excedentes que no se podían vender en el mercado internacional, lo que implicaba una grave contradicción.
Entre 1945 y 1984 se construyeron cientos de silos, que transformaron las prácticas comercializadoras de los agricultores cerealeros. La construcción de un sistema de almacenamiento se convirtió desde 1932 en uno de los aspectos centrales de las políticas agrarias y alimentarias. Incluso el falangismo consideró desde 1936 que la constitución de una red de silos y almacenes era de vital importancia para la resolución del problema triguero.
La creación en 1937 del Servicio Nacional del Trigo, afrontó como problema prioritario la fuerte carestía de pan existente tras la guerra. Precisamente, la fijación de unos precios bajos de tasa para el trigo, apuntaba más a la accesibilidad del consumo de pan para todos los estratos sociales. La propia persistencia en la medida del régimen pese a sus consecuencias tan negativas; reducción de la superficie cultivada, y surgimiento de un extenso mercado negro, parece avalar la prioridad otorgada al abastecimiento. La urgencia del abastecimiento alimentario condenó a la orientación ganadera del cereal, mediante una preferencia inducida administrativamente hacia el trigo, dadas sus ventajas diferenciales respecto del cereal pienso -la cebada-. El escaso incentivo ofrecido a los productores en el mercado legal se combinó con una escasez de medios de producción, afectando negativamente a los rendimientos del cereal. El objetivo de la autosuficiencia distó por tanto de cumplirse, arrastrando en su camino otros propósitos de política económica, como paliar el negativo efecto que las importaciones de grano suponían para la balanza comercial española.
El Decreto-Ley de Ordenación triguera de 23 de agosto de 1937 constituyó la pieza clave de la intervención autárquica 1937-1951, al posibilitar el control casi total de todas las facetas de producción, comercialización y consumo de trigo. De esta manera el sector triguero quedó totalmente sometido a la regulación del Estado desde el cultivo hasta el consumo.
El giro liberalizador de 1951, también llegó a la política triguera de la mano de Cavestany ministro de agricultura; y Cavero Blecua delegado del SNT, los cuales iniciaron la restauración de los mecanismos de mercado y la aproximación de los precios de la tasas a los que habrían alcanzado en el mercado libre, un cambio de rumbo en una política triguera que, ante el fracaso del sistema anterior, se decidió a ofrecer precios remuneradores. El cambio mejoró la situación de los productores hasta mediados de los años sesenta, de modo que el objetivo protección de rentas se combinó con el del abastecimiento, al concentrar rápidamente la producción en el mercado legal, mientras el mercado negro quedaba reducido a la mínima expresión. Además, el mayor empleo de inputs inorgánicos contribuyó a elevar los rendimientos con aumentos de producción que se tradujeron incluso en excedentes de trigo a finales de los años cincuenta. En estas condiciones, las importaciones de trigo disminuyeron considerablemente; sin embargo, un par de cosechas deficitarias a principios de los años sesenta evidenciaron de nuevo la necesidad de fuertes complementos exteriores de trigo, retrasando la plena satisfacción del objetivo autoabastecimiento.
Desde 1952 el SNT pasó a financiarse con fondos del Banco de España, lo que aumentó de manera considerable sus posibilidades para la compra de cosechas, se emprendió definitivamente la construcción de la Red Nacional.
El nuevo escenario de los años cincuenta favoreció también una mayor expansión de la cebada que, no obstante, quedó todavía por debajo de las cifras prebélicas. Dicha dinámica expresa la contradicción que experimentó el régimen franquista, cuando su voluntad de impulsar el desarrollo ganadero chocó con la protección dispensada a cultivos como el trigo y que, motivó el fracaso del plan. Que la crisis ganadera no supusiera un desabastecimiento de alimentos de origen animal en la España de los años cincuenta se debió tan sólo a unos niveles de consumo cárnico todavía inferiores a los de preguerra. Sin embargo, en la medida en que la mejora en la capacidad adquisitiva y urbanización subsiguiente al éxodo rural, llevó a una nueva transición nutricional, al retroceso en el consumo de pan, y al crecimiento espectacular en la demanda de productos animales.
En 1960, la combinación de excedentes de trigo con una demanda creciente de productos ganaderos llevó a una mayor complementariedad de la agricultura con el desarrollo de la ganadería acorde con la nueva dirección del consumo alimentario. Sin embargo, la visión de un «ganado, que va a invadir la superficie cultivada» no sólo era difícilmente realizable desde la perspectiva de la protección de rentas, millón y medio de familias aún vivían directamente del trigo, sino también desde la del propio abastecimiento de pan. Ante el exceso de producción de cereal, el precio a pagar para lograr la autosuficiencia excedentes puntuales como los de la campaña 1958-59 no implicaban una reestructuración inmediata, mientras la sobreproducción no se advirtiese como un problema estructural. Y aunque el descenso en el consumo de pan era una evidencia a principios de los años sesenta, el mayor crecimiento demográfico compensaba el resultado, convirtiendo dos malas cosechas en cuantiosas importaciones de trigo, como sucedió.
Puesto que el franquismo vinculaba positivamente alimentación y progreso económico, con el aumento en la demanda de productos ganaderos en la dieta, dicho objetivo resultaba irrenunciable. El problema residía en la estructura de precios, ya que, dadas las condiciones de la oferta ganadera española, los aumentos en la demanda de carne se traducían, en los años cincuenta en el incremento de los precios. A la altura de 1960 el consumo medio de carne en la creciente España urbana seguía siendo de rumiantes en una proporción superior al 80%, de modo que los incrementos en niveles de renta y urbanización pronto revelarían las dificultades del modelo para sostener un consumo de masas. Por un lado, la insuficiente dotación de pastos en gran parte del país dificultaba un desarrollo a gran escala de la ganadería extensiva, sin que la situación del trigo permitiese mejorar mucho la disponibilidad de tierras. Por otro, la prioridad otorgada al cereal alimento sobre el pienso limitaba el desarrollo de opciones semi-intensivas, si no era importando los granos, importaciones, por lo demás, controladas por la administración. Los productores compensaron el inevitable retraso de la oferta ganadera con un aumento en el sacrificio de animales jóvenes, lo que no impidió fuertes aumentos en precios del vacuno, resueltos finalmente en 1965 mediante importaciones que, desincentivaban a los ganaderos nacionales a expandir aún más su producción. En esta tesitura, la mejor alternativa para ofrecer a una población urbana en expansión carnes a precios asequibles pasaba por importar un modelo ganadero intensivo, no competitivo en suelo con el cereal y con gran capacidad de producir carne a bajo coste. La instalación de multinacionales del pienso facilitó la base genética necesaria para desarrollar nuevas especies, pollos y cerdos blancos, con un factor de conversión pienso/carne bastante superior al de las cabañas autóctonas. Empleando piensos como el maíz o la soja, de difícil obtención en el interior, este modelo no replanteaba el uso dado al cereal, a excepción de la cebada, muy presente en el cebo del porcino, y capaz de estimular una amplia sustitución con el trigo. Pero desde la óptica de un autoabastecimiento de primera necesidad no resuelto, dicha opción no parecía muy factible antes de 1965. Además, siendo uno de los objetivos de la autosuficiencia triguera descargar de importaciones de grano a la balanza comercial, la alternativa de cultivar cebada e importar trigo quedaba descartada. Sólo a partir de 1964 los requerimientos de cebada comenzaron a ser verdaderamente significativos, haciéndose precisas cuantiosas importaciones para completar la producción interna.
A partir de 1962 la intervención del Estado en el subsector cerealista entró en una nueva etapa más racional y coherente al formar parte de un proyecto global de ordenación del sector agrario. En 1968 el SNT se transformaba en el Servicio Nacional de Cereales SNC, pero este cambio apenas modificó las funciones y la estructura del anterior organismo. Mayor transcendencia tuvo la creación en 1968 del Fondo para la Ordenación de las Producciones y los Precios Agrarios, el FORPPA, que tenía como objetivo dar coherencia y unidad a la política de ordenación de los mercados agrarios. La promulgación de la Ley 26/1968, que establecía el régimen general para los productos sometidos a regulación de campaña, tendría que haber terminado con el monopolio triguero, pero este producto conservó su estatus privilegiado.
En la década de 1970 finalizado el problema triguero en su vertiente autoabastecimiento, las políticas cerealistas trataron de adecuar la producción a la nueva situación del consumo. Se impulsó la necesidad de sustitución de trigo por cebada, ante fuertes excedentes de trigo sin salida en el mercado, la cuestión era cómo gestionar los excesos continuados en la producción de trigo, ofreciendo una alternativa rentable a miles de explotaciones.
El modelo ganadero intensivo permitió proporcionar carne asequible para toda la población, a cambio de una fuerte dependencia exterior empresarial, genética y alimentaria, se recurrió a las importaciones de maíz y soja con la intención de aumentar la producción ganadera. La cebada aprovechó la oportunidad que brindaba el desarrollo ganadero, mostró una viabilidad natural y económica que el mercado se encargó de refrendar, manteniendo a la cebada como el primer cereal. El maíz no corrió igual suerte, era preciso disponer de tierras regadas para desarrollarlo, las multinacionales del pienso, que controlaban los sectores ganaderos industriales hallaban más beneficioso la importación de la materia prima.
La amplia sustitución de trigo por cebada, permitió una mayor pervivencia de las explotaciones, la contribución fue buscar una verdadera integración agrícola-ganadera reclamada desde los años veinte. La reconversión agraria que se tradujo en el cambio de orientación del cereal entre finales de los años sesenta y primeros setenta varió la relación tradicional de entre ganadería y agricultura, poniendo la segunda al servicio del crecimiento de la primera. El desarrollo económico del país se encargó de poner en su justo lugar a cada sector, exigiendo de la administración franquista una serie de cambios profundos en su política agraria, condicionados por las decisiones tomadas anteriormente.
En 1971, en un ambiente de cambio, el SNC fue remodelado y pasó a denominarse Servicio Nacional de Productos Agrarios SENPA, encargándosele además la misión de ampliar, mantener y explotar la Red Nacional de Silos y Graneros y de colaborar con el FORPPA. A pesar de estos cambios el monopolio estatal triguero siguió vigente, y no será hasta la Ley 26, de 20 de junio de 1984 cuando se establezca una auténtica libertad en el mercado triguero, situación relacionada con las negociaciones para el ingreso en la Comunidad Europea.
En un sector fuertemente intervenido como el del cereal, una reorientación tan rápida e intensa como la ocurrida hubiese sido impensable sin mediar un cambio en la política agraria. La construcción de la Red, va a posibilitar la compra de toda la cosecha de trigo; conservarla para garantizar el consumo; permitir la recepción de los trigos de importación y la eventual exportación de excedentes, lograr la adecuada manipulación, selección y tratamiento de los granos. Se establecen unidades especiales como los centros de selección de semillas y los centros de secado.
Desde 1940 hasta la campaña 1950-51, la caída de la producción y porque los agricultores trataron de evitar al SNT como intermediario, desvían la producción al mercado negro, se reduce las necesidades de almacenamiento y por tanto, la presión para construir la red. En 1946 se promulgó el decreto del Ministerio de Agricultura de 12 de julio, para la creación de la Red Nacional de Silos y Graneros. La construcción se financiaría con los beneficios comerciales del SNT y con fondos propios de este organismo. En 1951 y hasta finales de esa década, se incremento la comercialización del SNT y desaparece el mercado negro, ante la necesidad de almacenamiento, se impulso la construcción de silos. Desde 1960 hasta el final del monopolio triguero en 1984, la necesidad de almacenamiento experimentó un continuo crecimiento, se produjo la «fiebre constructora», especialmente entre 1966 y 1970, cuando se levantaron 280 unidades verticales.
En la década de 1970 el SENPA elaboró nuevos planteamientos teóricos para la política de almacenamientos que difería de las posiciones anteriores, pero finalmente se impuso el mantenimiento del modelo e incluso su ampliación. Desde 1974 a 1984, la red vivió una fase contradictoria, se inició la construcción de macrosilos, al tiempo que se cerraban algunas unidades desfasadas. La red concluía su expansión en los inicios de la década de 1980 en el momento en que se estaban cerrando las negociaciones con la CEE, que planteaba su desmantelamiento.
Los gastos de ejecución fueron soportados íntegramente por el organismo triguero a cuenta de sus beneficios comerciales «canon comercial». El ritmo y volumen de construcción estuvo condicionado por los beneficios. El canon era pagado por los fabricantes de harinas al SNT en el momento de adquirir el grano, éstos lo hacían repercutir en el precio de la harina y, a su vez, las industrias panaderas lo trasladaron al precio del pan. De esta forma, el recargo se trasladaba hasta los consumidores. Con el fin de agilizar el proceso comercial, se fue utilizando un sistema de compra-venta, que consistía en la posibilidad de que el agricultor pudiera entregar directamente el trigo al fabricante harinero, sin pasar por el silo, la operación se realizaba a través del Senpa, cobrando a los harineros y pagando a los agricultores, existía un entendimiento entre agricultor y harinero, un 20% del trigo comercializado no iba por canales legales, era el conocido trigo de "bandeo". Las inversiones llegaron a suponer en algunos años casi el 10% de las inversiones totales destinadas al sector agrario. Los problemas estructurales de la red construida, ampliación, conservación, modernización y mejora, no se había planificado, para afrontar el problema se aprobó un modelo de financiación basado en los propios presupuestos del SENPA y, en última instancia, de los presupuestos generales del Estado, por tanto desligado del precio del pan.
A pesar de estos cambios, todavía en 1978 pervivían muchos planteamientos cuasi autárquicos en la configuración de la red. Entre 1975 y 1984 la red continuó con su expansión, manteniéndose los intereses de los cultivadores cerealistas por encima de toda lógica y racionalidad sobre los de los consumidores. El lobby triguero resistía a los cambios y a las nuevas orientaciones políticas. En vísperas de la liquidación de la red en 1984, ésta alcanzaba su máxima expansión. El incremento de la producción de cereales coincidía con una caída del consumo del pan, lo que produjo unos constantes excedentes de trigo. En 1968 se alcanzó la primera situación de colapso al representar los stocks el equivalente al 90% del consumo y con ellos se superaba la capacidad de almacenamiento de la red.
La liquidación y desmantelamiento de la red a partir de la promulgación de la ley de 29 de mayo de 1984, terminaba con el régimen de monopolio estatal triguero e instauraba la libertad de comercio para productores e intermediarios. Esta norma derogaba el viejo y autárquico Decreto-ley de Ordenación triguera de 1937 que había tenido una larga vida, condicionando la política de producción y consumo de cereales. En la primera campaña «liberalizada» 1984-85 se comercializó sin problemas el 90% de la cosecha por operadores privados y el SENPA canalizó el 10% restante, con lo que se demostraba la capacidad de almacenamiento y financiera del sector privado.
En esta situación se abría una etapa de incertidumbre para la red. El SENPA conservó las unidades más importantes, que pasaron a conformar la «Red Básica», mientras para el resto se buscó una nueva utilidad para los agricultores hasta que se encontrara comprador. La nueva realidad se imponía, y en la campaña de 1988-89 los agricultores sólo utilizaron una capacidad de 0,12 millones de toneladas de los depósitos del SENPA de una cosecha total de 18 millones de toneladas -12 de cebada y 6 de trigo-. Las cooperativas y las organizaciones se mostraron dispuestas a utilizar los almacenes de la red siempre que el precio del arrendamiento contara con subvención pública, lo que mostraba su inadecuación. Las autoridades se encontraron ante el dilema de sostener los crecientes gastos de la red o proceder a su desmantelamiento. En 1995 se abrió otra posibilidad de gestión, al ser transferidas las unidades de la red a las comunidades autónomas por una «encomienda de gestión». En el año 2000 la red, uno de los proyectos más simbólicos del agrarismo franquista, se paralizaba definitivamente.
Arquitectura civil de otras épocas, edificios que son manifestaciones inactivas, abandonados, en estado de ruina, edificios atrapados en su trama, vestigios silenciosos de una época de bonanza, vasto patrimonio que carece de la suficiente atención y ello hace que se destruya, patrimonio arquitectónico de pleno derecho, además del valor constructivo, estético, suma un valor histórico social. Muestran el estilo de una época, en la que primaba su funcionabilidad, prueba viviente de nuestra historia vinculada al municipio, muestra viviente de la industrialización, valor iconográfico intrínseco que como tal debería ser valorado. Paisajes que requieren nuevos interiores, espacios imaginativos, usos sugerentes en su interior, que mantengan al menos, una arquitectura que ha marcado la imagen del territorio durante largos años. Su altura, aspecto, y sus colores claros establecen una referencia que compite con los grandes edificios religiosos. La imagen, desde la lejanía tiene un perfil en el que los silos del Servicio Nacional de Agricultura definen el perfil de nuestro paisaje. Los silos de la Red Nacional han sido no sólo uno de los más importantes episodios de construcción pública realizados desde el ámbito de la ingeniería, sino también un fascinante episodio arquitectónico que aun hoy en día no es considerado como Patrimonio. Los valores presentes en el patrimonio industrial son razón suficiente para que sean dignos merecedores de su inclusión en el patrimonio arquitectónico del siglo XX, con la denominación de Patrimonio Industrial Arquitectónico, de ser así, sería posible proteger, recuperar y mantener estas magnificas edificaciones para poder reutilizar y mantener testimonio vivo nuestra memoria del trabajo agrario.
delmolar@gmail.com
En 1966, la construcción de los silos de Villalpando, Tordehumos
y San Esteban del Molar han representado 12 millones de pesetas.
Memoria sobre la ejecución del Plan de Desarrollo Económico y Social, 1966.
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